Friday, June 09, 2006

Fundamentos de decencia y Justicia

(Por Ignacio Alfaro)

Ante la defensa de las convenciones colectivas hay varias puntualizaciones que la honestidad obliga:
1.- Las convenciones colectivas son un contrato.
2.- Son contratos en los que hay representantes negociando y pactando, y no los sujetos últimos directamente: el jerarca por el Estado y el representante gremial por los servidores.
3.- Cuando un sujeto representa a otro lo hace en virtud de la figura del mandato.
4.- Un mandato implica respetar la voluntad del representado.
5.- La voluntad del Estado, en este tipo de contratos, se forma en estricto apego al ordenamiento administrativo.
6.- La forma perfecta de manifestación de la voluntad del Estado en el ordenamiento administrativo es el acto administrativo.
7.- El acto administrativo tiene requisitos para que exista, cuyo incumplimiento se sanciona con la nulidad.
8.- El interés público es el fin general de todo acto, aunque hay fines específicos que lo realizan.
9.- El interés común no es el del Gobierno ni el del servidor que actúa en su nombre, sino el que beneficia más a los ciudadanos, ya que el Estado existe única y exclusivamente para beneficiar a la colectividad y no injustamente a un grupo determinado.
10.- Los principios elementales de justicia, lógica y conveniencia son parte necesaria de ese acto administrativo.
11.- Los servidores públicos están sujetos a responsabilidad disciplinaria y civil por sus actuaciones.
12.- Los fondos públicos no son fondos del Gobierno ni mucho menos del servidor, pues sólo puede disponer de ellos de acuerdo con la Ley.

Por lo tanto:
Las convenciones colectivas son un contrato en el que una parte (el Estado) está representada por un mandatario incapaz y deshonesto (el jerarca que autoriza la convención) que se aparta sin duda de la verdadera voluntad del representado.
Este contrato, además de que no persigue cumplir un fin público sino el particular de un grupo (servidores), por medio de su consecución lesiona gravemente otros fines públicos que sí son valiosos (al restar fondos para actividades que sí benefician a la colectividad para entregarlos a un grupo reducido).
Carecen las convenciones colectivas de los más elementales principios de justicia (pues premian el cumplimiento ordinario de un deber o conceden beneficios sin una causa justa suficiente que los justifique, es decir, no se da a cada quien lo que corresponde), de conveniencia (ya que su costo hace necesario acudir a nuevos impuestos que tienen un costo político elevado) y de lógica (pues su costo, aunque redunda en un beneficio injusto singular y no uno justo general, debe ser pagado con fondos generales y no singulares).
Además, como si fuera poco, generan un daño a la Administración y al Erario que queda sin ser sancionado ni resarcido por laxitud y complicidad de los Tribunales, que a pesar de lo dicho las legitiman.
Finalmente, se perpetúan por el desinterés y prostitución política (si no económica) de los legisladores que legislatura tras legislatura se niegan a combatirlas por la vía de la Ley. Los que las critican y se niegan a combatirlas con las armas que poseen, usual en la derecha populista, son simplemente hipócritas.
Carecen de la más mínima decencia (pues amparan una injusticia) y de la solidaridad humana (compárese la vida en Limón de los empleados cubiertos por convenciones y la de los que no lo están). Por eso no pueden ser conformes con el ordenamiento administrativo, porque alegar la legalidad de una injusticia es ser un sinvergüenza, aunque no dudo que habrá algunos que de buena fe no ven las consecuencias. Es la venda de la ignorancia que sólo aprendiendo se quita.
Son un dechado de ignorancia (al equiparar las empresas y entidades públicas con las condiciones de las privadas, mediando un universo de distancia entre ellas) y, son sin duda, el epítome del egoísmo más típico del capitalismo salvaje.

Por cierto, absolutamente todo lo dicho es totalmente válido para los subsidios e incentivos a los exportadores y a los empresarios turísticos. Ni Justicia ni decencia.
_____
Más en:
Lo obvio: ANEP, el Solidarismo y La Nación.
Lo curioso: unas manifestaciones en una entrevista a Albino Vargas
Lo cínico: Los políticos...
Sin embargo, no todo está perdido, pues en Colombia legislaron al respecto, por los excesos en pensiones, y para ello aprobaron una reforma a la Constitución.
Y en nuestro país quedan algunos liberales en serio

4 Comments:

Anonymous Eduardo Brenes said...

Lo peor de todo Ignacio es que ciertas cláusulas de las convenciones colectivas fueron, una vez más, eliminadas por la Sala Cuarta: lo que significa que quienes tenían las herramientas políticas para haberlas eliminado (los diputados) no lo hicieron. ¿Por temor? ¿Por cobardía? Para mi sencillamente porque no quieren gobernar que es el mal del que adolece la clase política costarricense en los últimos años. Me complace, aunque sea judicialmente, que alguien lo haya hecho. Sin embargo nadie ha sacado las consecuencias lógicas de este asunto. O por lo menos la más importante: ¿Quiénes fueron los irresponsables jerarcas que negociaron ese montón de privilegios? O mejor dicho, ¿quiénes eran los presidentes que nombraron a esos jerarcas que negociaron tan irresponsablemente?
¿No cabría exigir responsabilidad civil por los miles de millones de colones que perdió el erario público? Mucho debe estar prescrito, pero debe haber su buen poco que no lo esté.
Concuerdo con vos también que si nos quejamos de las convenciones y sus clausulas abusivas debemos hacerlo también, por pura coherencia intelectual, con los incentivos turísticos, los regímenes de zona franca y tantos otros privilegios de grupos determinados. Lo que sí me suena a paranoia es la voz de José Miguel Corrales y compañía diciendo que es la Sala Cuarta haciéndole el trabajo sucio a Oscar Arias. ¡Un poquito más de seriedad por favor!

6/10/2006 2:14 PM  
Anonymous Eduardo Brenes said...

Ignacio: me imagino que ya habrás visto la columna de Jorge Guardia en la Nación. Creo que es muy atinada. Me encantaría ver a la clase empresarial, tan indignada ante los privilegios de las convenciones colectivas (y con mucha razón), indignarse también con los privilegios que por años han tenido en sus negocios. Ojalá el gobierno, quien es a quien le corresponde gobernar (verdad de perogrullo que no muchos tienen muy claro) impulse la eliminación de los privilegios de los pobrecitos empresarios. A continuación transcribo la columna de Guardia.

En Guardia


Jorge Guardia
jguardia@nacion.com



El Movimiento Sindical Costarricense desafió a los empresarios a debatir, a calzón quitado, los "privilegios" e "incentivos" que ambos reciben. Al enterarme, me miré en el espejo y con toda la inmodestia del mundo exclamé: ¡Qué dicha ser liberal!

Porque los liberales (los verdaderos) siempre hablamos a calzón quitado. Somos irreverentes, directos, iconoclastas. Les damos tieso y parejo a los sindicatos por los privilegios que ordeñan del Estado (es decir, de los contribuyentes), pero atizamos a los empresarios sin escrúpulos por las exoneraciones, subsidios o protección que ordeñan del Estado y los consumidores. Unos se valen de su poder político; otros, del económico. Pero todos tratan de exprimirle las tetillas a la flaca vaca oficial.

Si hubiera debate, los sindicatos dirían que sus "privilegios" son reivindicaciones laborales emanadas de convenciones colectivas bendecidas por la OIT, arrebatadas de sus manos (y bolsillos) por la ideología "liberal" de la Sala Constitucional. Los empresarios responderán que, aunque permitidas por el 62 de la Constitución, las convenciones no pueden conceder beneficios exagerados sin romper los principios de igualdad y razonabilidad, también en la Constitución. Aun cuando tengan fuerza de ley, no basta la formalidad si se desbordan. En eso tienen razón. En el sector privado, el patrono cuida sus cincos; en el público, no. Sus representantes flaquean por no estar su dinero en juego. Y, si la Sala no interviene, olvídense.

Para el patrono, lo que los otros llaman "gollerías" son incentivos para producir y generar empleo. Sin ellos -dirían- la economía se hunde. No nos hagan reír, replicarían, con razón, los sindicatos. Ningún país se desploma sin protección ni subsidios. Los mejores incentivos para producir y generar empleo son el espíritu de lucro (el vil metal) y la sana competencia. Los subsidios solo enriquecen al patrono; nunca se trasladan al consumidor ni trabajador. Pienso en los CAT. El Estado los concedió, primero, a manos llenas y, luego, arrepentido, los trató de gravar (el que peca y reza, empata). Pero la avaricia de unos los llevó a cuestionar la constitucionalidad del gravamen. Ojalá la Sala permita al Estado empatar.

Si me invitan al debate, pediría la presencia de todos los políticos (de izquierda y derecha), culpables de dar privilegios y gollerías. Les diría que, si hubieran sido liberales, el libre mercado habría asignado mejor las rentabilidades y remuneraciones, y el Estado habría preservado intactos sus recursos para ayudar a los pobres, que sí lo necesitan. Y remataría diciendo: ¡Qué dicha que soy liberal! Tengo la conciencia tranquila.

6/13/2006 7:04 AM  
Anonymous Anonymous said...

Enjoyed a lot!
»

1/24/2007 11:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

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2/05/2007 11:05 AM  

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